Son modalidades de actuar y no estoy juzgando. Pero la impronta del gobierno es: regular aquí y allá, hasta no permitir que un ciudadano pague con dinero ciertas obligaciones, por ejemplo,  o en el tema lavado de activos, tener que actuar los particulares en una función detectivesca, hurgando el ADN de un potencial comprador, que muchas veces se siente molesto con el interrogatorio inquisidor.

Dice el gobierno que es una tendencia  mundial y que los dictados de la OCDE son órdenes. Ya todo es historia conocida, estimado lector.

Y ahora, en concordancia con ese espíritu, el decreto 127 que es del año 2014, referido a Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo, adopta una serie de medidas y algunas entran en vigencia en mayo/junio del presente año.

El capítulo II del citado decreto, detalla las funciones de los servicios de prevención y salud en el trabajo, no es solamente para la construcción, es un decreto

abarcativo de todas  las actividades, ya sea comercial, industrial, rural o de servicio, independientemente de que haya o no finalidad de lucro, tanto en el ámbito público como en el privado.

Todo es en defensa del obrero-empleado y de asegurar su salud laboral, como premisa básica, lo que no puede objetarse.

Pero siempre da la impresión, en tanta normativa promulgada, que solamente importa una parte de la relación bilateral, tal vez la más indefensa, pero se hace caso omiso a la parte empleadora. Entonces no pareciera que hubiera un justo equilibrio en el trato.

Porque ya que hablamos de aspectos laborales, seguimos sin regular la huelga prevista en el artículo 57 de la Constitución  (largamente pedido por los empresarios) y permitimos además que los piquetes y la ocupación sean una extensión del derecho de huelga, manifiestamente inconstitucional. Hemos abordado el tema n veces, argumentando el porqué de nuestra afirmación (lo han hecho abogados con la jerarquía debida, además) y todo sigue sin cuestionamiento alguno y el decreto 165 del primer  gobierno de Vázquez sigue tan campante, mencionando precisamente a la ocupación.

Incluso ahora UPM exhorta a que no hayan ocupaciones si se llega a materializar su instalación (recién lo sabremos en el 2020) y el gobierno parecería bien dispuesto.

Retomando el hilo conductor de la prosa, volvemos al decreto 127. Y éste, que deberá ser reglamentado porque es muy ambiguo y no concreta muchos aspectos, requiere a partir de mayo/junio del año en curso un médico/a especializado/a en salud ocupacional, además del técnico prevencionista  que ya está hace mucho tiempo en funciones, no descartándose además un psicólogo y personal de enfermería.

Entran en consideración la cantidad de empleados que tenga la actividad que sea, si son más de 300 o menos, evaluándose también de 50 a 300 y luego de 5 a 50. Desde ya que cuando va mermando la cantidad de obreros-empleados, los requisitos tienden a ser menores, por lo que es pertinente una reglamentación que decante el tema y lo haga entendible.

Ante tanta exigencia, me quedo pensando también en la queja ante la OIT de los empresarios que nunca se laudó y donde existían una serie de reivindicaciones

que el organismo internacional acompañaba pero que el gobierno desestimó (y vuelvo a la ocupación, entre ellas).

El colofón a la prosa apunta a que el gobierno muestra un marcado sesgo a favor del obrero, y no contempla como sería de desear  a quienes invierten y dan trabajo. No arguyo mala fe, para nada, sino visiones distintas. Todas las medidas que se han tomado, muchas leyes que vienen del primer gobierno del Dr. Vázquez, no tienen el correlato necesario del lado del empresario y ya que éste la tiene difícil entre otras razones por la pesada carga fiscal que existe para bancar un Estado desmesurado, además tiene que soportar más responsabilidades que le impone la norma objeto de esta prosa, que se traduce en exacción de dinero, dentro de un bolsillo débil pero por sobre todo, y pese a estímulos que se han otorgado (no debemos negarlo), no encuentra un escenario adecuado para invertir y en definitiva generar puestos de trabajo.

Todavía el gobierno tiene un año por delante; esperemos que los comicios no distraigan la adopción de medidas esenciales. Diálogo existe y no sería justo desconocerlo.

Aníbal Durán