Hace ya 10 años que las Cámara de Comercio y Cámara de Industrias se presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reclamando por el incumplimiento por parte de nuestro País de las normas que esa Institución establece para los Consejos de Salarios.

Finalmente en estos días, con el organismo internacional que entendía de recibo el reclamo empresarial, el mismo se trató.

Airadamente, el PIT CNT acusa al sector empresarial de intentar desmerecer la imagen de nuestro País.

Detrás de estas  Cámaras está toda la Confederación de Cámaras Empresariales,  alineados.

¿Se puede pensar con un mínimo de sentido común, que es buena cosa que nuestro país esté en esa mentada lista negra de la OIT, a sabiendas que los inversores toman nota y “oscurece”   nuestra imagen? ¿Acaso los empresarios pueden solazarse con esa situación? No resiste el menor análisis.

Desde el 2009 se le está diciendo al gobierno que debe modificarse la ley de negociación colectiva (precisamente en el año de su promulgación), entre otras cosas porque si bien prevé que la relación sea bilateral entre empresas y obreros (o entre gremios), también se establece el  tripartismo  y de hecho así sucede, ya que el gobierno siempre establece pautas  o lineamientos que son en definitiva, las que enmarcan los acuerdos futuros.

Que luego los grupos acuerden, con el apoyo o no del gobierno y se cierren los convenios, es harina de otro costal. El tripartismo está instalado y eso viola el convenio 98 de la OIT que propugna la bilateralidad.

¿Dónde están las malas artes del empresariado? ¿Cuál es el pecado por querer reivindicar un postulado legítimo y que además avala el organismo internacional?

No se terminan de dar cuenta los sindicalistas (mejor dicho, sí lo saben), que son los privados los que originan el empleo y que gracias a su inversión (y lógicamente su anhelada utilidad), la economía se dinamiza. Vaya que lo ejercen los promotores privados que invierten sin pausa en el círculo virtuoso de la obra, cuando el período que abarca la misma desde que se pone pensamiento en el tema, se consiguen inversores, se compra el terreno….hasta que finaliza aquella, puede llevar hasta 4 años, al margen de que se produzcan ventas o no. Y en el ínterin puede suceder un sinfín de situaciones, que hace de la inversión en construcción algo notoriamente riesgoso. Vaya uno a saber los avatares de la economía no solamente nacional o regional, sino del mundo.

Sin perjuicio de velar por la seguridad obrera, como debe ser, lo que implica una cuota de responsabilidad que no se elude, por el contrario.

La dirigencia sindical debería actuar teniendo en cuenta que la única forma que en el mundo existe para desarrollar un país es incentivando la inversión privada y no dejarse ganar por ideologías perimidas, rémoras de antaño que han fracasado y  que tanto daño han causado en el mundo entero.

Y ese es el problema de fondo:  ver al empresario como al enemigo. Si no existe sinergia entre ambas partes, que no exime de tener disensos, no será fácil la inversión y generar confianza.

Necesariamente debe virar el relacionamiento entre las partes, en términos generales. La desconfianza recíproca, es un marco de diálogo vicioso.

Finalizando y abordando  otro tema, brevemente, que no se trató en la OIT. Refiere a la ocupación como extensión del derecho de huelga. Manido y recurrente tema.

No resiste el menor análisis su inconstitucionalidad (nos referimos al decreto 165 del  2006 que permite las ocupaciones), que nada tiene que ver con el derecho a huelga, que supone una actitud de omisión (no ir a trabajar), con la ocupación, que refiere a todo lo contrario, es ejercer una acción y atentar contra otros derechos constitucionales, tan válidos como la huelga. Hasta el hastío nos hemos pronunciado.

Líneas arriba nos referíamos a la confianza. La persistencia de este decreto la va minando, poco a poco…

Aníbal Durán