El pasado miércoles, una delegación de APPCU fue recibida en la sede de TODOS (sector liderado por Lacalle Pou), por la Ec. Azucena Arbeleche, junto a los arquitectos Pfeiff y Cafferatta a quienes les planteamos sucintamente temas vinculados a vivienda y especialmente, temas tributarios.

Fructífero intercambio de ideas, receptividad para oír los planteos y sustancialmente dejar en claro lo que significa la industria de la construcción para el país, hoy un 9% del Producto Bruto Interno y lo que genera, más específicamente, la vivienda, círculo virtuoso de la obra como le llamamos cotidianamente.

Fíjense un tema que puede pasar desapercibido, pero que habla de las bondades en todo aspecto de la vivienda cuando es dirigida a un no residente, incluso compatriota. Es la mejor exportación posible. Ingresan las divisas por el bien, el mismo permanece en el país porque no se puede mover, aquí genera carga tributaria, además crea una suerte de sentido de pertenencia con el no residente que compra, sin perjuicio de que terminado el emprendimiento, crea decenas de puestos de trabajo en derredor del mismo. Vaya que habrá que facilitar este tipo de proyectos, precisamente con todas las virtudes que adornan al mismo. Les fue explicado.

En este mismo estamento de no residentes, se dijo que hay que facilitar el crédito para que compren. No viene sucediendo por una disposición del Banco Central que no logra comprenderse. Con las debidas garantías, hipotecando el bien, cómo no prestarle con diligencia dinero a un no residente argentino o brasileño, por ejemplo, como pasa en el mundo desarrollado y seguramente en Chile. Será un exceso de regulación del Banco Central que termina por frustrar un segmento de población que sería de total rédito para el país?.

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Quedó claro lo de la vivienda promovida, lo que ha significado para el país. Hoy entre terminadas y en construcción hay más de 17.000 unidades, más de 13.000 en Montevideo y el resto en el interior, lo que ha generado en el entorno de 10.000 puestos de trabajo. Como es sabido los topes del 2014 y 2017, han desincentivado a los promotores, que ya no están predispuestos como antes a invertir en este segmento. Un elemental tema de costos así lo impide y sobre todo por el decreto del 2017, donde un 10% del emprendimiento hay que venderlo por debajo del costo.  Se entendió el planteo.

Se propuso la necesidad de revitalizar los megaproyectos, hoy ya sin chance de presentarlos porque ha expirado el plazo (a fin del año pasado). Los incentivos que traía la norma han sido determinantes para que se presentaran este tipo de emprendimientos, sustancialmente en Punta del Este pero también en Montevideo. Es imprescindible su resurgimiento, para dinamizar la actividad. De vuelta: estamos en un problema de costos insoslayable, que necesita de estímulos para reactivar el panorama.

El ITP a la primera venta fue también motivo de planteo, en función de que coexisten dos tributos a la primera venta de inmuebles: el citado ITP y además el IVA (10%).  Fíjense que la DGI recaudó por este impuesto (ITP) 60 millones de USA el año pasado, pero en toda la cadena de ITP. Se estima que solamente la tercera parte pertenece a la primera venta, por lo que hablamos de 20 millones de USA. Sin perjuicio de la  improcedencia del ITP… ¿no justifica un esfuerzo para dinamizar seguramente a la construcción de vivienda, un impuesto menos? Está claro que la vivienda promovida ya goza de dicho beneficio.

Productividad, mano de obra, consejos de salarios por rama o por empresa, tecnología aplicada a la construcción también formaron parte del menú de temas en la tarde del miércoles pasado, pero la prosa debe llegar a su fin.

Ojalá podamos reeditar esta charla con las demás colectividades políticas (con el Ing. Martínez la sostuvimos cuando era precandidato por el FA).

Hay mucho en juego como para minimizarlo;  en esta primera reunión la conclusión es auspiciosa.

Aníbal Durán